En línea con el 1 de mayo, Día del Trabajo, muchos peruanos podrán disfrutar del feriado descansando. Pero, como ocurre cada año, esta será una excepción reservada solo para una minoría afortunada: quienes tienen un empleo formal. Para el resto —más del 70% de la fuerza laboral en el país— será un día más de lucha por subsistir en la informalidad.
La pregunta es inevitable: ¿por qué en el Perú el trabajo formal sigue siendo un lujo? Y más importante aún: ¿por qué el Estado peruano sigue legislando para una minoría?
La informalidad laboral no es solo una cuestión de derechos perdidos o beneficios ausentes. Su impacto más profundo está en la productividad del país. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), un trabajador formal produce, en promedio, seis veces más que uno informal. Y la brecha es aún más alarmante en sectores como minería e hidrocarburos, donde un trabajador formal puede ser hasta 100 veces más productivo.
El problema de fondo está en el capital. Los trabajadores informales no acceden a tecnología, financiamiento ni capacitación que les permita ser más productivos. Además, la estructura empresarial peruana —dominada por micro y pequeñas empresas de baja escala— está diseñada para sobrevivir, no para crecer.
Las reglas del juego tampoco ayudan. Las exigencias tributarias y laborales se disparan una vez que las empresas crecen, lo que desincentiva su formalización. Así, miles de negocios prefieren quedarse justo por debajo del umbral legal para evitar mayores costos, perpetuando el ciclo de la informalidad.
