Perú atraviesa una crisis política permanente que ha marcado profundamente la percepción ciudadana sobre la democracia y el sistema electoral. Esta crisis se evidencia claramente en la reciente renuncia del primer ministro Gustavo Adrianzén, así como en la baja aprobación que mantiene la presidenta Dina Boluarte, que según una encuesta de Ipsos, alcanza apenas un 2% a nivel nacional. Esta situación de inestabilidad no solo refleja el descontento social, sino también una fractura profunda en las instituciones políticas que han sido incapaces de ofrecer respuestas contundentes a los problemas que enfrenta el país. En medio de este panorama complejo, Perú se prepara para las elecciones generales del 12 de abril de 2026, que se desarrollan en un contexto de desconfianza y escepticismo por parte de la ciudadanía, la cual enfrenta con incertidumbre el futuro político.
El proceso electoral de 2026 se anticipa como uno de los más fragmentados y desafiantes en la historia del país. La inscripción récord de 43 partidos políticos es un reflejo de la crisis institucional y la dispersión de las fuerzas políticas. Esta fragmentación genera un escenario altamente competitivo, donde la representación política puede quedar diluida y las coaliciones parlamentarias resultan difíciles de conformar. Además, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha implementado una medida inédita: el uso de una sola cédula electoral para todos los cargos en disputa, lo cual representa un reto logístico considerable para la organización y la claridad del proceso de votación.
La desconfianza ciudadana se manifiesta con claridad en los datos de opinión pública. Un 32% de los peruanos expresa su intención de votar en blanco, una cifra significativa que refleja el desencanto generalizado con los candidatos y la estructura política vigente. Este rechazo también está asociado a la percepción negativa que tiene la mayoría de la población respecto al funcionamiento de la democracia. Según un estudio de Ipsos, el 71% de los ciudadanos considera que la democracia no está funcionando adecuadamente en el país, lo que revela una crisis profunda de legitimidad. Este sentimiento de desencanto se explica en gran medida por la falta de propuestas claras y falta de identificación por parte de la población con los candidatos, así como por la presencia de liderazgos débiles o cuestionados. En este contexto, el fenómeno de votar por el “mal menor” se intensifica, pues los ciudadanos optan más por evitar candidatos que perciben como perjudiciales, que por apoyar a quienes realmente consideran idóneos o capaces de liderar el país.
Este escenario impacta directamente en la calidad de la democracia peruana y en su estabilidad política futura. Según el especialista en política de APOYO Consultoría, Martín Coronado, la ausencia de una mayoría oficialista estable y la presencia de un congreso fragmentado, a menudo caracterizado por posiciones populistas y transaccionales, dificulta la implementación de políticas públicas de largo plazo que podrían enfrentar los problemas estructurales del país. La polarización política y la fragmentación partidaria generan además un ambiente de confrontación constante que reduce la gobernabilidad y alimenta la desconfianza tanto en el electorado como en los propios actores políticos.
Por otro lado, según Camila Bozzo, jefa de análisis político de APOYO Consultoría, la desconfianza generalizada en las elecciones peruanas no solo responde a la corrupción y la fragmentación política, sino también a una desconexión entre los partidos políticos y las demandas reales de la ciudadanía. Bozzo destaca que muchos electores sienten que las organizaciones políticas tradicionales han dejado de representar sus intereses y que la falta de liderazgo genuino impulsa el voto por el “mal menor” como una forma de protección ante un sistema percibido como disfuncional.
En conclusión, las elecciones generales de 2026 en Perú se desarrollan en un contexto de crisis política profunda, caracterizada por una alta fragmentación partidaria, una ciudadanía marcada por la desconfianza y un deterioro significativo de la imagen internacional del país. La falta de propuestas políticas sólidas y la percepción de que el sistema democrático no responde a las expectativas ciudadanas contribuyen a que el voto sea más una expresión de rechazo que una afirmación de proyectos viables.
La implementación de nuevas medidas electorales no parecen ser suficiente para recuperar la confianza y mejorar la gobernabilidad. Por ello, resulta imprescindible que las fuerzas políticas y las instituciones asuman un compromiso real para fortalecer la democracia, mejorar la representatividad y fomentar la participación ciudadana de manera efectiva, con el fin de superar la crisis y construir un futuro más estable y confiable para el Perú.
