La Universidad de Harvard se encuentra en el centro de una intensa disputa con la administración del presidente Donald Trump, luego de que el gobierno revocara su autorización para matricular a estudiantes extranjeros. Esta medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional, argumenta que la institución no cumplió con requisitos legales, incluyendo la entrega de información sobre estudiantes internacionales y su participación en protestas.
Harvard respondió de inmediato, calificando la acción como “ilegal e injustificada”, y presentó una demanda federal en Boston. La universidad sostiene que la revocación viola la Primera Enmienda y representa una represalia política que pone en riesgo a más de 7,000 estudiantes internacionales que actualmente forman parte de su comunidad académica.
El viernes 23 de mayo, la jueza federal Allison Burroughs emitió una orden de restricción temporal que bloquea la medida del gobierno, permitiendo que Harvard continúe admitiendo estudiantes extranjeros mientras se resuelve el litigio. La jueza argumentó que la implementación inmediata de la revocación causaría “daño irreparable” a la universidad y a su población estudiantil.
Esta confrontación ha generado preocupación en el ámbito académico y entre estudiantes internacionales, quienes temen por su estatus legal y futuro académico en Estados Unidos. Además, ha suscitado críticas sobre el uso de políticas migratorias como herramienta de presión política y su impacto en la libertad académica.
Mientras tanto, instituciones en otros países, como la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, han ofrecido recibir a los estudiantes afectados, facilitando su traslado y continuidad académica.
Este caso podría sentar un precedente significativo sobre la relación entre el gobierno federal y las instituciones educativas en temas de autonomía universitaria y políticas migratorias.
