Lima, 26 de mayo de 2025 — El Congreso de la República aprobó una controvertida norma que reducirá el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 16% al 14% a partir del 1 de enero de 2026. La medida forma parte de la nueva “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun)”.
El Ejecutivo, a través del premier Eduardo Arana, anunció que promulgará la ley “a la mayor brevedad”, en medio de críticas por el impacto que tendrá sobre las finanzas públicas del país. La norma fue aprobada sin necesidad de una segunda votación y ya ha sido cuestionada por economistas y exfuncionarios.
Golpe a las finanzas del Estado
Según estimaciones de expertos como el exministro de Economía Waldo Mendoza Bellido, la medida generará una pérdida fiscal anual de hasta 10.000 millones de soles, lo que afectará gravemente la sostenibilidad del próximo gobierno. Mendoza calificó esta ley como “la más dañina de este siglo” y pidió que el Ejecutivo la observe y presente una queja ante el Tribunal Constitucional.
“La ley compromete seriamente la capacidad del próximo gobierno para gestionar recursos públicos de forma sostenible”, afirmó también el exjefe de la SUNAT, Luis Arias Minaya, quien considera que la norma no cuenta con sustento técnico ni respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Redistribución sin garantías
Aunque la ley busca aumentar progresivamente el Foncomún de 2% a 4% entre 2026 y 2029, duplicando los recursos de más de 2.000 municipios, críticos advierten que no hay garantías de que estos fondos se destinen exclusivamente a inversión pública. De hecho, el aumento del gasto descentralizado vendrá acompañado de una fuerte caída en la recaudación del Gobierno central.
Actualmente, el IGV es de 16%, sumado a un 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), totalizando una tasa efectiva de 18%. Con la nueva ley, el IGV se reducirá a 14%, mientras que el IPM subirá a 4%. Esto reconfigura la distribución del presupuesto público, favoreciendo a los municipios a costa del Ejecutivo.
¿Sin retorno?
A pesar de las advertencias, el premier Arana ha reafirmado que se respetará la voluntad del Congreso. “Por encima de todo están los peruanos y las peruanas que requieren atención a sus necesidades más elementales”, sostuvo.
Sin embargo, la posibilidad de que el Ejecutivo observe la ley es baja, lo que ha llevado a muchos analistas a calificar la decisión como una concesión política ante un Congreso cada vez más dominante.
La norma entra en vigor en 2026 y sus efectos marcarán un antes y un después en la política fiscal peruana.
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