La campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping alcanzó un nuevo punto crítico este domingo, cuando un tribunal del noreste de China condenó a Tang Renjian, exministro de Agricultura y Asuntos Rurales, a la pena de muerte con suspensión de dos años. El fallo, dictado por el Tribunal Popular Intermedio de Changchun, en la provincia de Jilin, lo declaró culpable de haber aceptado más de 268 millones de yuanes —unos 38 millones de dólares— en sobornos entre 2007 y 2024.
Según el veredicto, Tang utilizó una serie de cargos estratégicos —desde la vicepresidencia de la región autónoma de Guangxi hasta la gobernación de la provincia de Gansu y, finalmente, su posición como ministro de Agricultura— para otorgar favores en licitaciones, ajustes laborales y negocios a cambio de dinero, propiedades y bienes de alto valor. La corte ordenó la confiscación de todos sus bienes personales y que las ganancias ilícitas fueran entregadas al tesoro estatal.
El tribunal concluyó que la magnitud de los sobornos y el daño causado al Estado justificaban la pena capital. Sin embargo, en consideración a su cooperación con los investigadores, su confesión completa y la devolución de buena parte de los fondos ilícitos, la ejecución fue suspendida por dos años, lo que abre la posibilidad de que la sentencia se conmute a cadena perpetua si mantiene buen comportamiento en prisión.
Contexto político y disciplinario
La caída de Tang, de 63 años, ha sido rápida y pública. En mayo de 2024 fue puesto bajo investigación por “graves violaciones disciplinarias” y, en noviembre de ese mismo año, fue expulsado del Partido Comunista de China. Su procesamiento refleja la intensidad de la cruzada anticorrupción lanzada por Xi Jinping, que ha resultado en la destitución de numerosos altos funcionarios civiles y militares, incluidos los exministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe, así como el exministro de Exteriores Qin Gang.
Las campañas anticorrupción en China suelen gozar de amplio respaldo popular, al ser presentadas como una vía para reforzar la transparencia y la disciplina dentro del Partido. Sin embargo, críticos y analistas advierten que también funcionan como una herramienta política para consolidar el poder de Xi y purgar a potenciales rivales dentro de la élite. Desde que asumió el liderazgo en 2012, más de cuatro millones de funcionarios han sido sancionados, entre ellos decenas de cuadros de rango ministerial o superior.
Un fallo judicial ejemplarizante
El Tribunal Popular de Changchun no solo impuso la pena de muerte suspendida: también confiscó la totalidad de los bienes personales del exministro y ordenó que las ganancias ilícitas fueran recuperadas para el erario público. La sentencia señaló que la “enorme magnitud de los sobornos” había causado “daños particularmente graves al Estado y al pueblo”, justificando la severidad de la condena.
Aun así, los magistrados subrayaron factores atenuantes: Tang confesó sus delitos, entregó parte de los sobornos que aún no habían sido detectados por los investigadores y mostró arrepentimiento en su alegato final. Estos elementos permitieron aplicar la suspensión de la ejecución de la pena, una fórmula legal que en China suele transformarse en cadena perpetua tras dos años de buena conducta.
El proceso judicial, celebrado públicamente en julio, incluyó la presentación de pruebas, la intervención de la defensa y la presencia de más de cuarenta observadores, entre ellos representantes de la Asamblea Popular Nacional y miembros de la Conferencia Consultiva Política. La cobertura mediática buscó resaltar la transparencia del juicio, una estrategia frecuente en los casos emblemáticos de corrupción.
Una campaña con impacto histórico
El caso de Tang se suma a una década de purgas que han marcado el estilo de gobierno de Xi Jinping. Durante su primer mandato, más de un millón y medio de funcionarios fueron investigados; en su segundo mandato, la cifra ascendió a cuatro millones. Entre ellos figuran más de 500 altos cargos políticos, lo que subraya la magnitud de la ofensiva.
Los partidarios de esta política aseguran que refuerza la gobernanza y aumenta la confianza ciudadana en el Partido. Sus críticos, en cambio, la describen como un mecanismo de control político que limita la pluralidad interna y elimina a quienes podrían disputarle espacio al actual líder chino.
La sentencia contra Tang, difundida ampliamente por la agencia oficial Xinhua, se convierte en un recordatorio de que, en la China de Xi, incluso los cuadros que han orbitado cerca del poder máximo pueden caer con rapidez. El mensaje es claro: la campaña anticorrupción no tiene fecha de caducidad y sus efectos seguirán moldeando la estructura de poder en la segunda economía del mundo.
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