El paro de transportistas paralizó rutas principales en Lima y Callao este 2 de octubre como protesta contra la extorsión y el sicariato, hasta que los gremios alcanzaron un pacto con el Congreso para crear una unidad de élite contra el crimen.
En la mañana del jueves 2 de octubre, diversas unidades del transporte urbano se unieron a la convocatoria de parar operaciones por las calles de Lima Metropolitana y el Callao. La movilización se desarrolló como medida de fuerza del sector organizados en rechazo a la oleada de extorsiones, asesinatos y amenazas que vienen afectando en sus días de trabajo.
El gremio formal estimó que cerca de 20,000 vehículos no salieron a operar. No obstante, fuentes oficiales señalaban que hasta el 80 % de las empresas habían mantenido servicios activos, lo que generó una jornada irregular y con puntos críticos de congestión.
Durante la protesta, los dirigentes entregaron una propuesta legislativa al Congreso de la República, que contemplaba la creación de un Grupo de Élite tripartito (Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial) especializado en combatir bandas criminales en el transporte público.
Del mismo modo, también se reportaron manifestantes que bloquearon avenidas principales de forma pacífica y, en al menos cinco casos, otro grupo de manifestantes pincharon llantas de buses que intentaban prestar servicio, como parte de la estrategia para garantizar la adhesión total al paro.
Por su parte, el ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) restó importancia al alcance de la protesta, apuntando que el tránsito se mantenía con normalidad en varias zonas de Lima Metropolitana.
El paro del 2 de octubre no fue un hecho aislado. En los últimos años, los gremios del transporte público han realizado diversas medidas de fuerza en protesta contra la inseguridad y la informalidad en el sector. Según datos de la Policía Nacional, solo en el 2024 se registraron más de 200 denuncias de extorsión a transportistas en Lima y Callao, situación que motivó a los dirigentes a exigir una respuesta más firme del Estado.
La paralización también afectó a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público para movilizarse hacia sus centros de trabajo o estudio. En redes sociales se difundieron imágenes de largas caminatas y paraderos saturados en distritos como San Martín de Porres, Villa El Salvador y Comas. Aunque el Ministerio de Educación reportó que el 98 % de colegios mantuvo clases presenciales, muchos padres de familia manifestaron dificultades para trasladar a sus hijos debido a la escasez de buses y al incremento de tarifas en taxis informales.
Acuerdo parlamentario y suspensión del paro
El presidente del Congreso, José Jerí, atendió a representantes de transportistas, y acordaron un proyecto de ley contra las extorsiones. (Foto: ANDINA)
Hacia el final del día, los representantes de los gremios fueron recibidos en el Congreso por el presidente del Legislativo, José Jerí, así como por autoridades de las comisiones de Transportes y Seguridad Ciudadana. Allí, se firmó un compromiso de tramitar en un plazo máximo de diez días hábiles un proyecto para la creación del Grupo de Élite contra extorsión, crimen organizado y sicariato.
Tras ese pacto, los gremios decidieron levantar la medida de fuerza. La suspensión del paro generó alivio entre usuarios afectados y sectores comerciales, pero quedó en evidencia la tensión latente entre las demandas del transporte y la respuesta institucional.
Uno de los retos inmediatos es que el acuerdo parlamentario marque avances reales, dado que la creación del Grupo de Élite implicará coordinación entre instituciones del Estado.