El Congreso peruano abrió un nuevo frente de debate digital luego de que el parlamentario Wilson Soto Palacios, de Acción Popular, presentara el proyecto de ley N.º 13313/2025-CR, que propone exigir título profesional o certificación oficial a los influencers, streamers y creadores de contenido que difundan información sobre temas sensibles como salud, educación, seguridad o patrimonio.
La iniciativa, según su autor, busca combatir la desinformación en redes sociales y “garantizar que la ciudadanía reciba información verificada de voces competentes”. Sin embargo, el proyecto generó amplio rechazo entre especialistas y usuarios, quienes lo interpretan como una amenaza directa a la libertad de expresión en internet.
Nuestra propuesta plantea que, para hablar de un tema específico, la persona debe tener conocimientos en la materia. Si alguien quiere hablar de salud, debe contar con formación en medicina; si quiere hablar de leyes, debe tener un título en derecho”, defendió Soto en declaraciones a Canal N.
Una propuesta para “profesionalizar” la creación de contenido
El texto legislativo establece la creación de un Registro de Medios y Creadores de Contenido Digital, administrado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Para registrarse, los creadores deberán acreditar estudios o certificaciones que respalden su especialidad.
El proyecto también introduce sanciones severas: multas de hasta cinco Unidades Impositivas Tributarias (equivalentes a unos S/26,750), suspensión de la actividad hasta por tres años e inhabilitaciones profesionales para casos graves. Las medidas se aplicarían a quienes difundan información falsa sobre temas de salud, educación o seguridad.
Soto asegura que su iniciativa “no busca censurar, sino promover una presencia digital responsable”. Según su exposición de motivos, la ley protegería a la población frente a estafas y recomendaciones sin sustento técnico que se propagan en redes sociales. “Miles de personas están recibiendo consejos de salud o legales sin ningún tipo de respaldo profesional. Esa información puede poner en riesgo su vida o su patrimonio”, afirmó el parlamentario.
Críticas por limitar la libertad de expresión
La propuesta fue recibida con críticas desde diversos sectores académicos y del ecosistema digital. Abogados, periodistas y comunicadores advierten que exigir títulos o registros oficiales vulnera el derecho constitucional a la libre opinión. Además, recuerdan que ya existen normas sobre publicidad engañosa y responsabilidad civil que sancionan la desinformación.
Consultado por la aparente contradicción entre su planteamiento y la falta de requisitos profesionales para ser congresista, Soto respondió que la Constitución solo exige ser peruano de nacimiento y mayor de 25 años. “En el caso de los congresistas, los partidos eligen a sus representantes”, sostuvo.
El parlamentario añadió que los influencers pueden “dedicarse al humor o al entretenimiento” sin restricciones, pero que informar sobre materias técnicas requiere preparación. “No estamos restringiendo la creatividad; solo pedimos formación cuando se tratan temas que pueden afectar a las personas”, dijo.
Un debate que expone la brecha entre política y esfera digital
Wilson Soto. Foto: Congreso de la república.
La iniciativa de Soto, inspirada parcialmente en modelos de regulación extranjeros como China o la Unión Europea, reavivó la discusión sobre el papel del Estado en el control del discurso digital. Si bien el legislador insiste en que el proyecto es apenas un “punto de partida” para debatir la responsabilidad de los comunicadores en línea, la propuesta encendió alarmas en organizaciones de derechos digitales y colectivos de influencers.
Diversos analistas sostienen que la medida confunde la lucha contra la desinformación con la restricción de la expresión, trasladando al Estado el poder de decidir quién puede opinar con autoridad. La Defensoría del Pueblo y gremios periodísticos han recordado que la educación mediática y la alfabetización digital son alternativas más democráticas que la regulación punitiva.
El proyecto de ley N.º 13313/2025-CR será debatido en las comisiones del Congreso en las próximas semanas. Mientras tanto, la polémica se ha instalado tanto en los medios como en las redes, donde cientos de usuarios han ironizado sobre la paradoja de que los congresistas, sin título profesional obligatorio, pretendan regular a los creadores digitales.