Alvaro Tapia 
Así de perjudicada se encuentra Lima en pleno 2026
En este 2026, la inseguridad en el Perú ha llegado a un nivel tan alto que ya muchos ciudadanos están hartos de que no haya medidas de seguridad implementadas por el gobierno. El porcentaje de criminalidad ha bajado en un 46%, pero sigue sin ser suficiente para frenar los nuevos desafíos que pasan desapercibidos alrededor del país.
“El problema de esta situación, a la inseguridad ciudadana, está enmarcado en base a los altos índices de corrupción que existen en todo el país, que también está enquistado en el interior del país. Que también está enquistado en el interior del Estado, ósea las autoridades también están comprometidas en actos de corrupción” Según Samuel Oliveros (jefe de seguridad de Primax).
Con esa declaración, podemos afirmar que el Estado y las autoridades están haciendo un mal trabajo por no tener un sistema de seguridad bien formulado. Y que, en vez de buscar diversas estrategias para solucionar la problemática, prefieren satisfacer sus propios beneficios personales que el de los ciudadanos.
Segun la ley N°31297, se proponen reformas de tecnología que pueden ayudar a reducir la criminalidad. La importancia de esta reforma es que pueda garantizar un mejor proceso de detección de criminalidad. En la investigación de Cisnero Sherezade y Daniel Rospigliosi detallan que su principal objetivo es analizar la desprotección de su integridad física del personal que labora como serenazgo, respecto a los problemas detectados, y ante la insuficiente carencia de protección personal.
En la investigación de Magaly Marlene, se analiza como la delincuencia influencia en mayor medida a las zonas más pobres del país. Los mas influenciados son la población juvenil, quienes llegan a un punto de trastorno que los orilla a robar para poder sobrevivir. La investigación se centra en averiguar los motivos detrás de porque muchos jóvenes están entrando en el mundo del crimen (tráfico de drogas, extorsión, hurto, etc) a partir desde una base psicológica en el ambiente familiar.
El crecimiento de la extorsión en Perú
La extorsión es actualmente uno de los delitos que más preocupa a la población peruana. Comerciantes, transportistas, emprendedores, colegios privados y hasta pequeños negocios son víctimas de amenazas constantes por parte de bandas criminales que exigen pagos a cambio de “protección”. Quienes se niegan suelen convertirse en objetivos de atentados o asesinatos.
En Lima Metropolitana, el Callao y ciudades del norte del país, los casos de extorsión se han multiplicado (5,821 denuncias). El objetivo principal es provocar terror en esos grupos “Vulnerables” con amenazas directas.
El sector transporte es uno de los más afectados. Conductores y empresas de buses denuncian amenazas permanentes, ataques contra unidades y asesinatos de choferes por negarse a pagar dinero a bandas criminales. Según diversos reportes periodísticos, el sicariato vinculado a la extorsión se ha expandido territorialmente durante los últimos años. Con esto dicho, hay que preguntarse qué indicadores se deberían tomar en cuenta: “Sobre los indicadores que podría proponer. Primero, es la activación del sistema de Inteligencia en donde no sea dirigida ni manejada por el propio comisario, sino por un sistema de inteligencia nuevo con personal altamente calificado que proporcione información a las unidades operativas de la policía nacional como usuarios para intervenir” señala Oliveros.
¿Porque la Inseguridad sigue creciendo?
Un punto adicional que se puede mencionar de la ineficiencia del Estado es porque el país está en un caos político relacionado con la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sanchez (Juntos por el Perú). En este contexto, el tema de la inseguridad pasa en segundo plano por la PNP, que a pesar de haber conseguido logros como la desarticulación de la banda “Los Chukis del Norte” o la detención de Nadeska Widausky por presunto delito de extorsión. Aún sigue sin ser suficiente para lograr una diferencia en la seguridad del país, más tomando en cuenta la falta de justicia al momento de dictar la sentencia.
“Asi no se puede vivir” son una de las muchas palabras que muchos ciudadanos suelen decir cuando sienten que la justicia no llega. Y más aun teniendo en cuenta el temor de lo que sera del país luego de que las elecciones de segunda vuelta concluyan.
El impacto económico de la inseguridad
La inseguridad ciudadana tiene consecuencias directas sobre la economía peruana. Miles de pequeños negocios deben destinar recursos adicionales a seguridad privada, cámaras, rejas y sistemas de vigilancia. Otros simplemente cierran por miedo o por no poder afrontar pagos extorsivos.
El transporte público informal y formal también se ha visto afectado. Empresas enteras han reducido rutas o suspendido operaciones debido a amenazas criminales. Esto impacta no solo a los empresarios, sino también a trabajadores y usuarios.
La inversión privada igualmente se resiente cuando la violencia se vuelve constante. Empresas nacionales y extranjeras consideran el nivel de criminalidad como un factor clave al momento de invertir en determinadas ciudades o regiones.
Además, la inseguridad deteriora el turismo. La imagen internacional del país puede verse afectada cuando los medios extranjeros reportan casos de violencia extrema o expansión del crimen organizado.
Conclusión
La inseguridad ciudadana en Perú atraviesa uno de sus momentos más críticos en 2026. El crecimiento de la extorsión, el sicariato y el crimen organizado ha transformado la vida cotidiana de millones de peruanos. El miedo, la desconfianza y la violencia forman parte de una crisis que no parece tener soluciones rápidas.
Aunque el Gobierno ha recurrido a “estados de emergencia y operativos policiales”, los resultados todavía son insuficientes frente a la magnitud del problema. La expansión territorial de bandas criminales demuestra que el desafío no es únicamente policial, sino también político, económico y social.
Perú enfrenta la necesidad urgente de construir una estrategia integral de seguridad ciudadana que combine prevención, inteligencia, fortalecimiento institucional y lucha efectiva contra el crimen organizado. De lo contrario, la violencia continuará avanzando y deteriorando aún más la calidad de vida de la población.
La inseguridad ya no es una preocupación aislada: es una de las mayores amenazas para la estabilidad social y democrática del país.
